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Cada conflicto que se suscita en el país, provoca una reacción de protesta de las organizaciones sociales. A éstos les ha tocado vivir un proceso de división aparentemente propiciado por el Gobierno, con el objetivo de que el Ejecutivo continúe logrando protagonismo y espacios. “El Gobierno logra negociaciones sólo con “la parte” que le brinda su apoyo”, explicaron los principales líderes de las organizaciones sociales, quienes lamentaron haber vivido las fricciones con el aparato gubernamental.

En opinión del analista Carlos Cordero el Gobierno intenta, a través de esta división de organizaciones, solucionar conflictos, ganar espacios de poder y consolidar sus objetivos.

“El Gobierno sabe muy bien cuando pierde el control de los conflictos, no tiene las herramientas necesarias para enfrentarlos y prefiere dividir (…) Por supuesto que lo hace para ganar espacios de poder y lograr sus propósitos, porque sólo así se mantiene el régimen de un gobierno totalitario, que lastimosamente pierde cada vez más el hilo de la democracia”, manifestó

El representante del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq) Rafael Quispe, lamentó haber vivido las primeras fricciones con el MAS y la actitud del Gobierno, con quienes realizan “justas demandas”.

Conflicto en BoliviaLa división del Conamaq, se concretó durante la realización de la octava marcha indígena y se consolidó en la última movilización de los pueblos de Tierras Bajas, debido al apoyo que brindó el dirigente y sus bases a los comunarios, que exigieron el respeto de la integridad del territorio Tipnis.

Pero esta división o fricción vivida con el Gobierno, según Rafael Quispe, no inició cuando el conflicto por el Tipnis generó repercusiones y se agudizó, sino cuando en 2010, se realizó una medida de protesta por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

“El año 2010 hicimos una huelga de hambre en la Cámara de Diputados (Salón Rojo), exigiendo al Gobierno que realice la consulta previa, cuando se aprobó la Ley de Régimen Electoral”, señaló al informar que los intentos por retomar el Conamaq continúan.

De acuerdo a la denuncia de Quispe, Mateo Martínez, miembro del Conamaq paralelo afín al Ejecutivo, se habría reunido con una organización internacional de España, que financia anualmente al fondo indígena.

“El jueves, Martínez intento reunirse con los jilliris y les dijo que nosotros podíamos volver a gozar de los recursos del fondo indígena, si volvíamos al Pacto de Unidad”, señaló.

El Conamaq, no es la única organización que fue aparentemente dividida por el aparato estatal. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que también fue parte del Pacto de Unidad, actualmente vive una crisis, debido a la reciente posesión de Melba Hurtado, reconocida por el Gobierno, como ejecutiva de esta organización, destituyendo así a quien tenía un mandato legítimo como presidente de la Cidob hasta el 2015, Adolfo Chávez.

“Sabemos que los ministros que apoyan al presidente Morales, financian y concretan todas estas divisiones para lograr sus objetivos, en este caso para concretar la carretera”, añadió el presidente de la Cidob, Adolfo Chávez.

La toma de esta organización, se realizó a partir de la posesión, aparentemente ilegal de Melba Hurtado, quien después irrumpió, junto a sus seguidores, en predios de la llamada Casa Grande. Luego de un intento por recuperar sus oficinas, Adolfo Chávez y sus bases nuevamente fueron expulsados de la Cidob.

El Gobierno de Evo Morales se sustentó con la conformación del Pacto de Unidad, que a la vez albergaba a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), los colonizadores, la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz Bartolina Sisa, la Cidob y el Conamaq. Con el conflicto por el Tipnis, el Ejecutivo perdió el apoyo de estas dos últimas organizaciones, por lo que optó retomar la Cidob con la posesión de Melba Hurtado e intenta recuperar al Conamaq, con supuestos chantajes.// El Diario


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