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La afirmación fue emitida por Santiesteban en el informe oral que dio ayer ante la Comisión de Seguridad del Estado del Senado, dentro el caso del supuesto ingreso irregular de 54 cadetes interculturales a la Unipol. Una denuncia de marzo, indica que ese ingreso fue irregular y que algunos alumnos pagaron $us 5 mil para ingresar al instituto policial. 

El Senado planteó 13 preguntas a Santiesteban. El jefe policial llegó al lugar con las respuestas escritas, las que leyó y no dio curso a ampliarlas, pese al pedido del presidente de la comisión.

Irregularidades en la UnipolLa pregunta 9 sostenía si era evidente que habrían sido incluidos entre los 54 cadetes postulantes que presuntamente habrían reprobado. “Es evidente que debido a la solicitud y coordinación realizada con movimientos sociales en oficios y secretaría Comando 2009/2012”, respondió.

El fiscal Aldo Ortiz, que investiga el caso, afirmó durante esta semana que de la lista de 54 cadetes, 53 no acreditaron ser interculturales. Además,  indicó que había al menos 21 personas reprobadas e incluso dadas de baja.

Santiesteban también dijo que actuó de buena fe en este caso y negó que él o el Comando de la Policía hayan recibido dinero. Dentro este caso, el juez Alberto Chaca, del Juzgado 3° de Instrucción en lo Penal, rechazó la recusación planteada en su contra por el coronel Marco Ortuño, director de la Academia Nacional de Policías (Anapol) que guarda detención domiciliaria. Así las declaraciones se reanudan el lunes.

“Mi autoridad no tienen ningún interés en el presente proceso, menos de beneficiar o perjudicar a las partes”, señaló Chaca en parte de su resolución. Ortuño le impugnó porque no observó la “ilegalidad” de su detención.

El fiscal Marco Rodríguez, de la comisión que investiga este caso, indicó que tras la notificación se tomarán declaraciones. Entre el lunes y miércoles se espera a Santiesteban, una abogada y cuatro coroneles. Ayer se convocó al ministro de Trabajo, Daniel Santalla, y al vocal del Tribunal de Justicia de La Paz, Jorge Quino, porque sus familiares estarían entre los 54 observados.

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Ministro Romero defiende a Santiesteban

El Ministerio de Gobierno salió ayer en defensa del comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, contra quien la Defensoría del Pueblo dictó el jueves una “censura pública” porque éste no atendió a su solicitud de información referida a cuatro casos de presunta violación de los derechos humanos de ciudadanos.

El titular de Gobierno, Carlos Romero, arguyó que el defensor del Pueblo, Rolando Villena, equivoca procedimientos para solicitar información. “Lo que corresponde, en este caso, es que las solicitudes de información se las haga a través del Ministerio de Gobierno”, manifestó. Añadió que si se sigue ese trámite, se le dará toda la información necesaria.

El jueves, Villena hizo notar que el Art. 222, numeral 3, de la Constitución Política del Estado (CPE), establece entre las facultades del Defensor “investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, e instar al Ministerio Público el inicio de acciones legales”.

La “censura pública” emitida por el Defensor se plantea como un instrumento de sanción moral, mediante la cual se expone “la inacción, negligencia y resistencia ilegal” del jefe policial. El numeral 4 del Art. 22 de la CPE faculta al Defensor a “solicitar a las autoridades y servidores públicos información respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que puedan oponer reserva alguna”.// La Razón


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