Juan del Granado: “Bolivia pagará Bs 200 millones extras en la carretera del TIPNIS”

Esta semana, el líder del MSM, Juan del Granado, presentó dos denuncias judiciales importantes: una contra las autoridades que resulten responsables de la represión a la marcha indígena ocurrida el domingo 26 y otra sobre las supuestas irregularidades de los contratos de construcción de la carretera por el TIPNIS.

Página Siete.- ¿En qué situación está la demanda presentada por el MSM sobre la intervención policial y el contrato de la carretera por el TIPNIS?

Son dos grupos de delitos que hemos denunciado, el primero es por la violación de los derechos individuales, atentados contra la vida y la dignidad de los marchistas. Delitos que, obviamente, son emergentes de la acción del 25 de septiembre, que la hemos calificado como típicamente dictatorial y delincuencial desde la estructura del Estado.

El segundo grupo de delitos tiene que ver con indicios de que los contratos entre el Estado boliviano, a través de ABC, y la empresa brasilera OAS para construir la carretera por el TIPNIS.

La denuncia fue presentada el martes y se le dio el número de caso 9344. De inmediato se asignó a un fiscal de apellido Vargas, que ha declinado conocer el caso; ahora estamos a la espera de su reasignación, que ya está retrasada.

Página Siete.- ¿Cómo está enfocando su denuncia a los que usted llama ‘delitos del primer grupo’ y a quiénes se identifica como los presuntos autores?

El 25 de septiembre, a partir de las cinco de la tarde, concluye la primera parte de un plan gubernamental contra de la marcha, que era una acción de reivindicación legítima y democrática.

Esa acción gubernamental delictiva se inicia en el mismo comienzo de la marcha, pues el Presidente, el Vicepresidente y los ministros de Estado la descalifican, la difaman, se estigmatiza a sus dirigentes. Se los identifica como desde “agentes del imperialismo” hasta “turistas”; desde “traficantes de tierras y madera” hasta “monigotes de las ONG y del gonismo”.

Es un plan estructurado que se despliega en los más de 40 días de la marcha. Se los acosa policialmente, se los bloquea, se les corta la provisión de alimentos, el acceso al agua. Se los amedrenta con una movilización de los llamados colonos. Y el 25 es la culminación de un acto delictivo porque va en contra de las libertades, de la libertad de expresión y el derecho de tránsito de gente que sólo pedía respeto a su propiedad colectiva.

Preguntar quién dio la orden es importante pero no lo más importante porque estamos frente a un plan más grande, a una acción sucesiva de hechos delincuenciales que culminan, en su primera etapa, con la acción del domingo pasado.

Y el jueves 29 el Vicepresidente reanuda el plan en contra de la marcha. Sale otra vez a descalificarla, a develar un supuesto “complot periodístico”, que no existe, y a movilizar a los leales del Gobierno. Estamos ante el inicio del segundo capítulo de los hechos delictivos que culminaron el 25 pasado en una primera fase.

Página Siete.- ¿Se ha identificado a los presuntos autores en la denuncia elevada a la fiscalía?

Hemos identificado a los siguientes presuntos autores: Sacha Llorenti, entonces ministro de Gobierno; Marcos Farfán, ahora ex viceministro de Régimen Interior; Jorge Santiesteban, comandante de la Policía; Óscar Muñoz Colodro, subcomandante de la Policía; Edwin Foronda Franco, inspector general de la Policía; Víctor Maldonado Hinojosa, director de Inteligencia de la Policía.

Todas estas personas están denunciadas por la comisión y autoría de los siguientes delitos: genocidio, por el desplazamiento violento de niños y mujeres indígenas, la desaparición forzada de personas, privación de libertad, vejaciones y torturas, entre otros delitos, además de la violación del Código Niño, Niña y Adolescente en cinco de sus artículos.

Página Siete.- ¿Cómo se entiende que un Presidente indígena que llega al poder con banderas de respeto a la democracia haga lo que ha hecho?

¡No se entiende! Hoy no es posible entender la actitud, la decisión o conducta personal del Presidente.

Lo que ahora nos interesa es investigar la acción delictiva de la estructura del Gobierno, de la cual lógicamente el presidente Morales es parte. Y la explicación de la represión puede estar en la ilegalidad del contrato, en la ilegalidad de una obra y su crédito.

Página Siete.- ¿Cómo se puede explicar este componente de la denuncia del MSM?

Existen varias irregularidades en los contratos. Hace unos días hice conocer ocho de ellas, pero tengo una novena que realmente es mucho más grave en términos económicos y contractuales (ver recuadro).

Si recuerdan, las autoridades dijeron el 25 de agosto que no había un trazo definido. Entonces, mi bancada solicitó los documentos pero nunca se nos entregó nada, tuvimos que investigar por nuestra cuenta. Lo primero que establecimos en el documento base de contratación y en el documento de crédito es que sí, la carretera parte en dos el TIPNIS. Nos mintieron desde el primer momento diciendo que no había trazo. Claro que lo había, el documento establece los puntos intermedios.

En esta investigación nos hemos encontrado con serios indicios de graves delitos contra la economía del Estado. En primer lugar el sobreprecio para los 306 kilómetros de carretera, que tiene un precio total de 415 millones de dólares. Esto da un precio por kilómetro de 1,35 millones de dólares, cuando el promedio de costo lineal de otras carreteras alcanza a medio millón de dólares por kilómetro. Entonces estamos con un presunto sobreprecio de aproximadamente 800 mil dólares por kilómetro, que podría implicar unos 200 millones de dólares de sobreprecio.

La segunda irregularidad es que la constructora no provee el cemento asfáltico, según el contrato. Se libera a la empresa OAS de ello. Es el Estado boliviano el responsable de su compra y provisión. La cláusula 37 del contrato dice “se establece que la entidad contratante proveerá al contratista el material consistente en cemento asfáltico”.

Veamos, una vía de nueve metros de ancho y un espesor de pavimento flexible de 7,5 centímetros tiene un costo de entre 92.000 y 95.000 dólares por kilómetro lineal según los cálculos de los ingenieros del MSM. Si esto se multiplica por 306 kilómetros de carretera, esto suma más de 28 millones de dólares o unos 200 millones de bolivianos de costo adicional para Bolivia. O sea que el costo de la carretera no es 1,35 millones de dólares el kilómetros, sino 1,44 millones, la situación es todavía peor.

Las otras irregularidades que denunciamos son los 209 kilómetros de puentes que tiene la carretera, es decir el 68% de la misma. ¡Y ese cálculo lo hace el consultor sin ir a terreno!; otra es la reducción del financiamiento del 100% al 80%; también la falta de un estudio de pre-factibilidad, lo que es una aberración en la ingeniería de la construcción; la liberación del mantenimiento de la carretera para la empresa que inicialmente establecía cinco años de mantenimiento por OAS y la contratación de ítems de diseño y apertura de tramos que ya existen y tienen diseño.

Más allá de estas irregularidades en el contrato de construcción firmado por la ex directora de la ABC, Patricia Ballivián, con OAS, en agosto de 2008, está el contrato de financiamiento entre el Estado boliviano, la ABC, el BNDES y la OAS del Brasil.

Allí aparece otra enorme irregularidad. Se establece en la cláusula 22 del documento que éste estará sujeto a las leyes brasileñas, en violación directa del artículo 320 de la Constitución Política del Estado, que dice que toda inversión debe estar sujeta a las leyes nacionales.

En esta denuncia, estamos identificando como responsables a Patricia Ballivián, ex presidenta de la ABC; José Luis Zúñiga, gerente administrativo de ABC; Carlos Mendes Cárdenas, gerente de construcción de ABC; Andrés Castro, consultor de ABC; y Geraldo Pereira Santana, representante de OAS.

“El Gobierno adjudicó la carretera a OAS dos años antes de tener financiamiento”

Durante la entrevista con Página Siete, Juan del Granado reveló otra supuesta irregularidad sobre el contrato de la carretera por el TIPNIS mediante el cual el Gobierno adjudicó la obra a la brasileña OAS, dos años antes de contar con el financiamiento.

Esta supuesta irregularidad, señalada por el líder del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), señala que el estado boliviano establece que la empresa proponente debe aportar o gestionar el financiamiento. En este caso, por el 80% del costo del proyecto (cuando antes era del 100%). “Es decir, se contrata a una empresa para que venga con su financiamiento. Pero ahora resulta que eso no es así con la OAS. Bolivia es la que pone el financiamiento, firma el contrato con el banco del Brasil (BNDES), que le presta al Estado (a la ABC), para que esta entidad nacional pague a la OAS”.

“Entonces nos preguntamos cómo se adjudicó la construcción de la carretera a la empresa OAS si no se tenía financiamiento (en 2008) y recién más adelante, en 2010-2011, Bolivia contrata el financiamiento, mediante el crédito concedido por BNDES del Brasil”, advierte Juan del Granado y añade que eso es algo que la Fiscalía debe investigar.

Por esta razón, de acuerdo con lo manifestado por el líder del MSM, Bolivia debe pagar el financiamiento que debió traer OAS. Con esto, el Estado boliviano asume todos los gastos administrativos y financieros que ello supone, como la tasa libor, intereses, multas y un conjunto de otras erogaciones cuyo monto habrá que calcular por los 415 millones de dólares que cuesta la carretera.

“¿Por qué le adjudicaron más de dos años antes la obra a la OAS, si Bolivia no tenía el financiamiento?”, cuestiona Del Granado, añadiendo que “de esta forma, éste es un crédito para pagar las exportaciones que OAS hará desde Brasil a Bolivia”.

“Es un contrato tremendamente oscuro, en el que está involucrado todo el gabinete económico del Gobierno boliviano, por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado; uso indebido de influencias; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes”, concluyó el denunciante. Del Granado es recordado por su perseverancia en juicios de alta resonancia, como el que llevó a la cárcel al ex dictador Luis García Meza Tejada.

HOJA DE VIDA

 

• Inicios Nació un 26 de marzo de 1953, en Cochabamba. Tiene 58 años.

• Estudios Estudió en el Instituto Americano de Cochabamba y en la UMSA, donde se tituló de abogado en 1975.

• Política En la UMSA fue parte de los grupos del MIR; como sindicalista fue asesor de mineros y la COB.

• Juicio En 1984 asumió el liderazgo de la acusación y juicio contra Luis García Meza.

• MSM Fue diputado en 1993 por el MBL y en 1999 fundó el MSM. Fue alcalde por diez años. En 2010 rompió su alianza con el MAS.

La cláusula 37 del contrato dice que el contratante (Bolivia) proverá el cemento asfáltico a la OAS.

El contrato para la carretera por el TIPNIS está sujeto a leyes de Brasil, violando nuestra Constitución.

¿Por qué le adjudicaron más de dos años antes la obra a la OAS si Bolivia no tenía el financiamiento?

“Estamos ante el segundo capítulo de hechos delictivos contra los marchistas que defienden el TIPNIS”

“¡No se entiende! O no es posible entender la actitud, la decisión o conducta personal del Presidente”.

“Estamos ante un presunto sobreprecio de la carretera por el TIPNIS de unos 200 millones de dólares”.// Página Siete

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OAS gana $us 800 MM por tres vías

Auditorías dieron a conocer 

irregularidades en la ejecución. Pese a ello, las obras continúan.

En los últimos cinco años, el Estado, a través del entonces Servicio Nacional de Caminos (SNC) y la actual Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), suscribió con la empresa constructora OAS Ltda. tres contratos por alrededor de 800 millones de dólares.

Los acuerdos refrendados, sin embargo, tuvieron una serie de observaciones, tal como hicieron constar varios medios de comunicación, con base en la información de auditorías realizadas en su momento, las que provienen de la Contraloría General del Estado y de la propia ABC.

Las suscripciones entre OAS y ABC son para la construcción de las carreteras Potosí-Uyuni, Tarija-Potosí y Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Potosí-Tarija. Es una de las carreteras que tuvieron varios cuestionamientos. Su construcción fue firmada en 2003, a través de contratación directa, sin licitación respectiva, y entregada a la constructora Queiroz Galvao, la que debía entregar la obra en 2007. Sin embargo, en el proceso de fiscalización, los responsables evidenciaron que la vía era de baja calidad, observaron rajaduras y losas en mal estado. En ese contexto, la entonces presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, determinó rescindir el contrato con Queiroz Galvao para reemplazarla por OAS. En noviembre de 2007, luego de una

reunión entre los presidentes de Bolivia y Brasil, Evo Morales y Luiz Inácio Lula da Silva, se decidió contratar nuevamente a la empresa Queiroz Galvao mediante un decreto supremo. Sin embargo, las obras no se reanudaron. En diciembre de 2008, la Queiroz propuso la cesión del contrato a la OAS. En abril de 2009, la ABC suscribió un nuevo contrato con OAS por el que se decide aprobar la transferencia de obligaciones y derechos de la construcción.

Potosí-Uyuni. El proyecto de construcción y pavimentación de  la vía Potosí-Uyuni fue adjudicado el 10 de noviembre de 2006 a la Asociación Accidental OAS-ECTOR sin que cumpla los requisitos del pliego de condiciones. “Falta de especificaciones técnicas para ítems de obras y modificaciones al diseño y al pliego de especificaciones a través de enmiendas sin justificación técnica”, dice el informe de auditoría interna de la ABC. El incumplimiento debía determinar la descalificación de la empresa. Las observaciones fueron presentadas a Patricia Ballivián el 7 de mayo de 2008.

Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Por último, el 8 de agosto de 2008, Ballivián suscribió el contrato con OAS para la construcción de esta carretera, considerada como una de las más caras del país. El proceso de licitación y la adjudicación de la obra fueron observados a través de un informe de la Contraloría General del Estado.

415 millones de dólares es el costo de la carretera que uniría Cochabamba y Beni.

Entre las obras está una de las más caras del país, villa tunari-san ignacio de moxos. el kilómetro tiene un costo de 1,3 millones de dólares.

CIFRAS MILLONARIAS EN CONSTRUCCIONES

TARIJA-POTOSÍ   
Precio inicial: 180 millones de dólares; con la subrogación llega a 226 y puede alcanzar a 270. POTOSÍ-UYUNI 83,3 millones de dólares,  sin considerar los 3,7 millones por la supervisión de la obra.
VILLA TUNARI-SAN IGNACIO DE MOXOS
415 millones de dólares para construir la carretera. El costo por kilómetro es de 1,3 millones.// El Día

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