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Opinión de Ricardo Paz Ballivián es sociólogo y constitucionalista. Publicado en La Razón

La Constitución vigente en nuestro país nació de la ilegalidad. Fue sancionada por un poder constituido (el Parlamento) que modificó estructuralmente, sin tener ninguna atribución legal para ello, lo aprobado por la Asamblea Constituyente. El hecho de que después un referéndum haya aprobado el texto del Congreso no elimina esta ilegalidad. No es el voto el que puede dirimir la legalidad o no de un procedimiento.

En esta Constitución vigente, en consonancia con el pecado original con que nació, se incorpora un mecanismo de elección de las máximas autoridades judiciales, mediante el voto popular. Un procedimiento único en el mundo, independientemente de gobiernos o ideologías existentes. En Estados Unidos la Corte Suprema se compone de un Presidente y ocho jueces, que son nominados por el Presidente de los Estados Unidos, confirmados por el Senado. En Rusia, la Corte Constitucional y la Corte

Suprema son nombradas por la Asamblea Federal por recomendación del Presidente. En Cuba, el Tribunal Supremo Popular es designado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. En China, el Poder Judicial es nombrado por el Consejo de Estado a propuesta del Presidente de la República y en Venezuela, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son designados por la Asamblea Nacional.

¿Por qué nadie en el mundo elige por voto popular a sus máximas autoridades judiciales? No porque no se les hubiera ocurrido la brillante idea antes que a nuestros creativos legisladores. Simplemente por la misma razón que a nadie se le ocurre elegir por voto a los pilotos de los aviones, a los neurocirujanos o a la selección de fútbol. Las aptitudes que se requieren para administrar justicia deben determinarse por un concurso de méritos y elegirse a los más aptos. Así de simple.

Ahora, nos quieren convencer que esta elección popular de los máximos jueces resolverá los graves problemas que arrastra la administración de justicia en nuestro país. Pero esto es un engaño: primero porque lejos de evitar la subordinación del Poder Judicial al poder político que se daba con el cuoteo de la partidocracia, ahora la sumisión será total y a un solo partido; segundo, porque en el proceso de selección de los candidatos no hubo libertad de expresión e información, se habilitaron de manera irregular a varios postulantes y se los escogió mayoritariamente por su afinidad con el partido de gobierno y tercero, como resultado de las dos anteriores razones, la falta de idoneidad, independencia y capacidad de los eventualmente electos sólo ahondará la terrible crisis de Estado que padecemos.

Por tanto, sólo queda rechazar el engaño, anulando el voto y dando un mensaje inequívoco y sonoro de que no se puede seguir sembrando nabos en nuestras espaldas.//La Razón

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