(Bolivia informa). La pobreza y la valoración de las familias grandes y de las personas casadas forman parte de las condiciones que propician la existencia de matrimonios forzados de niñas en el país, según una investigación que verifica censos, encuestas de hogares y entrevistas.
El matrimonio infantil o la unión temprana forzada significa la cohabitación sin mediación de ceremonia religiosa o civil de niñas con menos de 18 años. Se entiende que esta situación no es el resultado de una decisión libre y autónoma de la niña. El estudio muestra que inclusive cuando no existe mucha diferencia de edad entre la niña y la pareja, ella no tuvo opción o elección porque el entorno familiar (padres, suegro, abuelos, comunidad, etc.) dispuso que tenga convivencia. Las uniones de niñas con adultos o adultos mayores no son parte de la normalidad.
El Estudio de niñas y adolescentes en matrimonios y uniones forzadas a temprana edad en municipios seleccionados de Bolivia, elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas y Plan Internacional INC, indaga en esta práctica que registra una disminución pequeña en los últimos años. El censo de 2001 muestra que el 12,8% de las niñas de 15 a 19 años estaba casada o unida; el censo de 2012 registra en esa situación al 11,6% de las niñas.
Los municipios de Mizque (Cochabamba), Jesús de Machaca y Coripata (La Paz) y San Lorenzo (Pando) fueron seleccionados para desarrollar los trabajos de campo y las entrevistas.
Embarazo, como motivo
El embarazo de la niña o adolescente, al margen de las circunstancias de su ocurrencia, es el motivo para conformar una nueva pareja. Esto no toma en cuenta la voluntad de los implicados, sino la presión social del entorno próximo.
La investigación verificó que la diferencia de edad no suele ser muy grande en las parejas en unión, sin embargo sí existen también varios casos documentados de niñas de 14 años unidas con hombres de 28.
Las otras características son que la maternidad temprana desencadena posteriores embarazos, que los concubinatos predominan sobre los rituales civiles y religiosos y que la temporalidad de las uniones tempranas es frecuente.
“Se observaron casos de adolescentes con segundas parejas, mujeres solas con su hijo/a y otras con más de un hijo/a de diferentes padres –dice la investigación. El abandono de las adolescentes es común, sea por la migración económica, porque las familias de los hombres cuando éstos son adolescentes presionan para que su hijo se vaya de la comunidad, enviándolo al cuartel o a estudiar a otra parte”.
Cosmovisión
Al mismo tiempo que las familias con muchos hijos es la norma en el área rural, estar casado se convierte en un valor para los hombres porque les permite el acceso a cargos de autoridad o afiliaciones a la comunidad. “Esta norma cultural refuerza las uniones tempranas en las comunidades dado que por lo general la afiliación y los cargos empiezan a muy temprana edad, una vez que los hombres vuelven del cuartel, entre los 16 y 18 años”, dice.
¿Cómo afecta esta costumbre a las mujeres? El estatus de autoridad conseguido por ser hombre-esposo-autoridad afecta a las mujeres dándoles también el mismo estatus (ellas son autoridad junto a sus esposos), pero si él abandona a su esposa o se separan pierden los títulos.
A pesar de este rasgo cultural, las prácticas como el sirwiñacu y el “robo” de parejas está disminuyendo en el altiplano.
La pobreza
Además de esos factores, un conjunto de elementos relacionados a la pobreza, como la ruralidad, el hacinamiento, la educación formal inconclusa, forman parte de las determinantes que van a favorecer los matrimonios tempranos.
En los casos estudiados, la economía de la coca y de la castaña condicionan la búsqueda de mejores oportunidades económicas, laborales y sociales para la familia, a pesar de los impactos negativos en la niñez y adolescencia.// PIEB
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Los matrimonios o uniones forzadas de niñas tienen raíces en múltiples formas de violencia
La pobreza, los roles de género, normas que admiten excepciones, falta de autonomía de las niñas, desinformación respecto de los derechos sexuales y reproductivos. Todos esos factores se conjugan para propiciar el matrimonio o unión forzada de niñas con hombres adultos.
Este este es un fenómeno común en Bolivia, si pensamos en todas las mujeres que a sus 20 años tienen hijos de 5 años o más. El diagnóstico Embarazos, matrimonios y uniones de niñas y adolescentes menores de 15 años, elaborado por Patricia Brañez, con respaldo de Alianza por la Solidaridad y CLADEM-Bolivia, refleja esta realidad vigente de la violencia múltiple que oprime a las mujeres desde temprana edad.
Gioconda Diéguez, coordinadora país de Alianza por la Solidaridad Bolivia, explica que la intención del estudio era visibilizar el problema para poder trabajar en políticas públicas de prevención de la violencia sexual a niñas y adolescentes. “Si bien no hemos profundizado, en algunos testimonios se puede evidenciar situaciones de trata (de personas), hemos recogido testimonios de mujeres, alguien que cuenta que su abuelo compró a una niña y esta niña quedo embarazada, esto es visibilizar a pesar de la dificultad de acceder a datos”, explica.
La información oficial viene del registro de embarazos en menores de 15 años en el Ministerio de Salud y de la Encuesta de Hogares. Las cifras recogidas en el estudio son elocuentes. La Encuesta de Hogares de 2017 reporta 12.500 mujeres, de entre 12 y 17 años, en una relación de convivencia o concubinato.
Grupos focales, entrevistas
Patricia Brañez recurrió también a grupos focales con jóvenes universitarios, con mujeres adultas y con mujeres adolescentes (en total 56 personas), además de entrevistas semiestructuradas a 30 hombres y mujeres jóvenes, a mujeres adultas que tuvieron embarazos tempranos y/o sufrieron violencia de hombres adultos con los que han convivido. El recojo de información se complementa con entrevistas a prestadores de servicios de salud.
Las uniones forzadas de niñas con hombres adultos forman parte de una realidad que pertenece al altiplano y a los llanos, al ámbito rural y urbano. El diagnóstico muestra que los factores comunes a este fenómeno son “la pobreza, los roles de género, la falta de información, autonomía y decisión, los marcos legales que contemplan excepciones, así como las dificultades en el ejercicio de los derechos y la salud sexual y reproductiva”.
“La protección del Estado respecto al tema es muy incipiente. No existen políticas públicas específicas, cifras oficiales ni marcos regulatorios que se cumplan a cabalidad, y que posibiliten la prevención y la sanción de este delito”, dice el estudio.
“De segunda clase”
El matrimonio infantil o las uniones infantiles representan una violación a los derechos humanos. En el país, además, no sucede como se ve en las redes sociales sobre otras sociedades: niñas vestidas de novias al lado de un adulto en el ritual de unión. En Bolivia, las uniones forzadas con adultos suceden en complejas situaciones de violencia sufridas por las niñas tanto por parte del maltratador como de su familia.
Diéguez insiste en que este tema merece un análisis profundo porque se pueden plantear políticas públicas, pero hay problemas estructurales como el machismo imperante y el sistema que oprime y favorece desigualdades, lo que hace pensar que las “mujeres y niñas son ciudadanas de segunda clase”.
Los embarazos forzados, las niñas obligadas a dar a luz, las niñas o adolescentes viviendo con adultos, a veces 20 años mayores, niñas entregadas por sus familiares a otra persona adulta a cambio de bienes, niñas que aceptan la convivencia con adultos para escapar de la violencia y/o pobreza en la familia. Esta realidad está ahí, el estudio pretende contribuir a abrir el debate y aportar acciones desde las instancias estatales correspondientes.// PIEB
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