Al momento de ser detenida en la cárcel, solo una de cada 10 mujeres tenía un trabajo estable y casi ocho de cada 10 habían cursado únicamente el ciclo escolar primario, al mismo tiempo que 48 % de ellas estaba ganando menos del salario mínimo nacional.
Así se perfila la situación socioeconómica de las mujeres en el momento inmediatamente anterior a su ingreso a la cárcel con detención preventiva, como sospechosas de haber cometido algún delito. Los rasgos descritos contribuyen a que el juez decida para ellas el encierro en la cárcel, al no poder demostrar un domicilio o trabajo conocido, menos aún solvencia económica.
La información está en el Mapa socio-jurídico de mujeres privadas de libertad. Centros penitenciarios La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, un estudio editado por Jimena Freitas para Fundación Construir con el apoyo de la Cooperación Suiza.
Para elaborar el estudio se visitaron tres recintos penitenciarios en cada una de las ciudades. La recopilación de información se hizo a través de entrevistas semiestructuradas, entrevistas en profundidad, grupos focales e historias de casos. Esos instrumentos se aplicaron a 62 mujeres con sentencia y 95 mujeres con detención preventiva (sin sentencia o condena), 31 familiares de mujeres privadas de libertad y 58 operadores de justicia.
Los datos
Los datos muestran bajos niveles de escolaridad entre las mujeres privadas de libertad, por ejemplo el 77 % de entrevistadas solo alcanzaron el ciclo primario. Esta situación les impide, entre otras cosas, hacer el seguimiento a sus respectivos procesos.
Las mujeres que trabajan por cuenta propia o sin ingresos fijos son más vulnerables a la prisión preventiva, y curiosamente son a la vez responsables de la manutención de sus hijos o familia extendida.
Sólo 10% de mujeres al momento de su detención tenía trabajo estable, la mayoría era comerciante (38 %, 60 personas), o dedicada a la agricultura (10 personas), estudio (17 personas), formas por cuenta propia (24 personas), labores de hogar (26 personas) o finalmente ningún oficio (3 personas).
“Esta situación es determinante para establecer la existencia de un nexo entre pobreza y criminalidad, puesto que este monto salarial difícilmente podría costear los gastos mínimos de una familia, situación que se ve agravada en casos en que las mujeres son cabezas de hogar y la única fuente de sustento”, dice el informe.
Sistema patriarcal
Del total de 61 recintos penitenciarios en el país, ocho son habitados por mujeres aunque solo cuatro fueron construidos exclusivamente para albergar a población femenina y los otros cuatro fueron adaptados dentro de los recintos para varones.
Para Jimena Freitas, la mirada patriarcal prevaleciente en la sociedad trasciende hacia las mujeres privadas de libertad desde el primer momento de la persecución penal por haber incurrido en un hecho punible siendo mujer y teniendo hijos. El hecho es que muchas mujeres incurren en delitos o infracciones precisamente por sus hijos, su manutención o su bienestar.
Esto se puede verificar en la sobrecalificación de tipos penales (atribuir acciones leves a delitos graves) o cuando se constata la presencia de 3,56 % de mujeres (42 personas) presas por delitos de hurto, con una pena máxima de tres años de prisión, por tanto susceptibles de defenderse en libertad.// PIEB
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