Escándalo: Fiscalía inicia investigación a exautoridades por extorsión

Por disposición del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda, se inició en Oruro una investigación sobre supuestos casos de extorsión que ejercieron algunas ex autoridades de la Fiscalía, en forma particular a personas que se dedican al comercio.

El Fiscal General, mediante el instructivo FGE/RIGP 107/2012, dispuso que el fiscal de Oruro, Francisco Terán Pérez, “tome conocimiento de la denuncia referida y ejercer el control y supervisión del proceso penal a iniciarse por la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, conforme a sus atribuciones”.

Entre los implicados se encuentra el exfiscal de distrito, Gonzalo Martínez Guzmán, quién, supuestamente, cobró 7.500 dólares americanos al comerciante Rosendo Canchari Ledezma, para permitirle la internación de artefactos de línea blanca.

“En reiteradas oportunidades he denunciado (el caso) ante el ex fiscal general del Estado, Mario Uribe, quien ha hecho caso omiso, ya que formaba parte de todo un contubernio y red existente de corrupción entre el fiscal Uribe y Gonzalo Martínez”, denunció Canchari.

Según la denuncia, el exfiscal “se dedica a extorsionar a mi persona y a muchos compañeros de trabajo, cuando sale de operativo a las trancas de Oruro, al amanecer, sin funcionarios del COA ni policías, para sacarles 5.000 dólares americanos por camión”.

Advierte que, en caso de emitir resoluciones de sobreseimiento, el arancel era de 3.000 a 6.000 dólares, pero para la aplicación de ese sistema de cobros se actuaba con la participación de Adolfo Garnica, el brazo derecho del exfiscal Martínez.

Supuestamente, el exfiscal general del Estado, Mario Uribe, nunca efectuaba las investigaciones de las denuncias, porque una sobrina de esa autoridad, trabajaba como jefa administrativa de la Fiscalía de Oruro.

De la misma forma, se denunció el caso de Rubén Mamani Ramírez, asignado a la división de Tránsito y Diprove, pero para la devolución de un vehículo cobraba de 500 dólares para arriba.

Ante la gravedad de las denuncias, el fiscal de distrito de Oruro, Francisco Terán Pérez, dispuso el legajo de documentos, “para fines de investigación” y remitió el caso a la fiscal analista, Abigail Saba Salas, para que “proceda al análisis y demás acciones que corresponda, conforme al manual de funcionamiento de la UST y demás normas que rigen a los de la materia, sea bajo su absoluta y entera responsabilidad”.

Gonzalo Martínez, al ser consultado sobre las denuncias, dijo que Rosendo Canchari Ledezma, “no existe como persona, ya que se ha pedido certificación de parte del Registro Civil ese nombre y su cédula de identidad 2756983 de Oruro y tampoco existe”.

Dijo que, sin embargo, “ya tiene conocimiento de la denuncia, a través de la fiscal Saba, para asumir nuestra defensa, donde no sólo está mi persona, sino también otros fiscales y otros funcionarios”.

La denuncia –agregó-, se ha hecho el 25 de octubre de 2012, seguramente para que no seamos designados o ratificados en el cargo de Fiscal de Distrito, pero esa persona que denuncia los hechos, “no existe”.

El mismo denunciante, Rosendo Canchari Ledezma, en la última parte de su denuncia de cuatro carillas, dice: “Me atrevo a solicitarle que mantenga en reserva mi nombre, porque el Fiscal de Distrito está agarrando mi proceso, para chantajearme una vez más”.// El Diario

Presión política sobre los fiscales ahonda la crisis

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, trataba de poner ayer paños fríos  a la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz para bajar la tensión tras el envío a la cárcel de la fiscal Janeth Velarde acusada de influir sobre el juez Zenón Rodríguez para que  mantenga una orden de aprehensión contra el norteamericano Jacob Ostreicher mientras se anunciaba la probable baja de otros dos fiscales. Todo por causa de haberse convertido en el brazo político del Gobierno y de haber sido manejados por abogados que en su representación usaron ese poder para cometer presuntas extorsiones.

Por eso Guerrero, sin reconocer que habían sido presionados políticamente, dijo que “nunca más dejarán que funcionarios de tercer nivel, ni nadie, pueda ejercer presión sobre ellos”.

La presión. La pregunta fue hecha justo por las declaraciones del coordinador de fiscales del caso Ostreicher, Anuncio Piérola, quien le pidió al Gobierno  que “le dejen hacer su trabajo porque está sintiendo la presión que están ejerciendo contra él varias autoridades”. “De qué va a servir si aquí estamos combatiendo a los que presionaban, no vamos a combatir con otros que están presionando”, dijo.

Pero Anuncio Piérola fue alejado desde ayer del caso y en su lugar provisionalmente asumió Olvis Egüez, informó el fiscal Guerrero, quien se reunió ayer con cerca de 80 fiscales hasta la 1 de la madrugada y corrió el rumor que estos pretendían presentar su renuncia masiva.

A Piérola se le cuestiona el haber dejado en libertad a su colega, Roberto Achá, salpicado también en la investigación de presunta extorsión y denunciado por el alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, de haberle pedido por medio de una intermediaria, 50 mil dólares para dejarlo en libertad en un proceso de investigación de legitimación de ganancias ilícitas.
Otro fiscal en la mira. El fiscal Javier Cordero también está en la cuerda floja porque firmó un desistimiento de una acción penal en favor del juez Zenón Rodríguez luego que este supuestamente dejara sin efecto una orden de cesación de la detención en favor de Ostreicher, supuestamente presionado por el fiscal de distrito, Isabelino Gómez.

“Soy inocente, dejé sin efecto la acción penal contra el juez Rodríguez porque pasaron cinco meses y acabó la investigación”, dijo ayer  al ingresar a la Fiscalía a declarar.
¿Brazo político? El fiscal de Santa Cruz, Henry Herrera, negó que el Ministerio Público sea brazo político del gobierno de Evo Morales, como han señalado voceros del Colegio de Abogados y el decano de Derecho de la Universidad Gabriel René Moreno, Manfredo Menacho, y señaló que las investigaciones que se llevan adelante son en forma transparente.

Un fiscal con antecedentes. El fiscal Ramiro Guerrero dijo ayer que ha pedido la certificación en la cárcel de Palmasola si el ahora fiscal Rolando Salvatierra cumplió su condena de 3 años por un supuesto caso de tentativa de homicidio en un carnaval cuando formaba parte de la comparsa 'T la Clavo'. Fue denunciado por haber favorecido un supuesto loteamiento  y recordaron que fue posesionado como fiscal por haber sido guardaespaldas de dirigentes masistas que ahora son diputados y senadores y que recibió el cargo como favor político.

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Boris Villegas y Mario Uribe serán convocados a declarar

En el mismo avión.  Ahí coincidieron en encontrarse el fiscal general  Ramiro Guerrero con el anterior Mario Uribe y hablaron sobre la posibilidad que éste último sea convocado a declarar en el caso de la presunta red de extorsión. "Me dijo que no tiene ningún problema en presentarse”, aclaró Guerrero.

Boris Villegas.  También Guerrero anunció la convocatoria a declarar a Villegas y a cuantos sean necesarios. Ayer en La Paz también apareció la ministra anticorrupción, Nardi Suxo, para desvirtuar su vinculación con el caso y señalar que si no salía era porque tenía otros quehaceres.// El Día

Boris Villegas fue detenido acusado por extorsión

El exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno fue detenido anoche en la ciudad de La Paz y hoy será trasladado hasta Santa Cruz. Está acusado de ser integrante de la red de extorsionadores.

Villegas, fue acusado, la anterior semana, por Jorge Pérez, viceministro de Régimen Interior y por el exviceministro Gustavo Torrico de ser parte operativa de las acciones irregulares del grupo que conformaba la red de extorsión

Villegas fue director de Régimen Interior en el Ministerio de Gobierno, también funcionario del Ministerio de Transparencia y ahora es vinculado a la red de extorsión.

Justicia prorroga cinco días más el infierno que vive Ostreicher

Luego de un poco más de dos horas de audiencia en la Sala Penal Primera de Justicia, los vocales Sigfrido Soleto y Edgar Carrasco decidieron remitir los obrados al juzgado de la jueza Enea Gentile, en un hecho que los abogados que siguen el tema calificaron como “acto de cobardía”.

“Lo que está sucediéndome es un circo… Siete personas fueron detenidas y enviadas a la cárcel por corrupción, el juez que me otorgó libertad hace quince meses dijo que estaba atemorizado… Esto es nada más que un show", expresó Ostreicher, al retirarse de la sala, en una silla de ruedas, para dirigirse a la clínica donde se encuentra internado.

Los medios de prensa, algunos curiosos y abogados se encontraron con medio centenar de policías que resguardaban la seguridad en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Por su parte, el abogado, Jimmy Montaño manifestó la posibilidad de salir del país a fin de lograr que la justicia permita a Ostreicher defenderse en libertad, toda vez que para el jurista la justicia boliviana “ha fallado; yo creo que hay que pensar en acudir a instancias, a organismos internacionales porque la red de corrupción sigue operando y sigue amedrentando a los jueces, a los vocales”, dijo el abogado defensor.// El Diario

Ostreicher quiere tener un encuentro con Morales

El empresario estadounidense Jacob Ostreicher, detenido hace 18 meses en Bolivia bajo la acusación de blanqueo de capitales en un caso de narcotráfico, cargo que él niega, agradeció ayer la voluntad del Presidente Evo Morales de ayudarlo y buscar que la justicia esclarezca pronto las causas de su arresto y la supuesta extorsión que sufrió de parte de ex funcionarios del Ministerio de Gobierno.

"En cuanto él se enteró de que personas dentro de su Gobierno están en la corrupción, él actuó inmediatamente, agradecería por ello", sostuvo el estadounidense, que permanece internado en una clínica de la ciudad de Santa Cruz aquejado el mal de Parkinson.

Ostreicher declaró a los medios televisivos, desde una cama de la clínica Incor, que le gustaría estar frente a Morales para darle las gracias "porque en cuanto se enteró de mi situación llevó a cabo muchas acciones al respecto".

Además "si tuviera la oportunidad de reunirme con él podría discutir varias cosas de las cuales no estoy preparado para hablarlas por los medios y cosas que tal vez lo puedan hacer dar cuenta de las cosas que ha sucedido en su Gobierno", complementó.

"Me reconforta el apoyo que me dan y fue bastante reconfortante ver tantas personas afuera que me brindan su apoyo. Muchas gracias para todas las personas de Bolivia que tienen confianza en mí, que yo soy inocente", remarcó.

Ostreicher debe esperar al menos cinco días para que en una nueva audiencia se resuelva la solicitud de cesación de detención preventiva que piden sus abogados.

Le niegan libertad condicional

Un tribunal de Bolivia volvió a denegar ayer la libertad condicional al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, encarcelado desde hace 18 meses en la ciudad de Santa Cruz

La Sala Penal Primera del Palacio de Justicia de Santa Cruz decidió devolver el caso a la Jueza Enea Fátima Gentile, que el pasado 23 de noviembre denegó la libertad condicional al empresario aduciendo que éste no tiene familia en Bolivia.

El abogado defensor de Ostreicher, Yimy Montaño, afirmó que "la justicia boliviana ha fallado de forma errónea" y añadió que si bien el fallo de la Jueza ha sido anulado, será la propia Gentile quien deba pronunciarse de nuevo dentro de cinco días.

A la audiencia, que tuvo que ser suspendida unos minutos por una indisposición de Ostreicher, asistió el actor Sean Penn, quien ha seguido de cerca el caso y ayer viajó por sorpresa a Bolivia para apoyar a su compatriota.

Penn, ganador del Óscar en dos ocasiones, ha seguido de cerca el caso de Ostreicher y en octubre pasado visitó en Santa Cruz al empresario, de 53 años y cuya esposa e hijos siguen los acontecimientos desde Estados Unidos.

El actor "ha sido un testigo de lujo de cómo se administra justicia en Bolivia", señaló Montaño, quien aseguró que Penn "se retiró bastante preocupado por la situación".

También estuvieron presentes en la vista representantes de la Embajada de Estados Unidos y el Fiscal general del Estado de Bolivia, Ramiro Guerrero.

El caso del estadounidense dio un giro en las últimas semanas al ser desarticulada una red de funcionarios gubernamentales que supuestamente extorsionaba a presos, entre ellos Ostreicher, a quienes exigía dinero a cambio de fallos favorables o beneficios penitenciarios.

La defensa de Ostreicher ha denunciado que esta red, encabezada por el ya encarcelado exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera, pidió al empresario 50.000 dólares a cambio de su libertad, y que, al no lograr el dinero, presionaron a un juez de Santa Cruz para que revocara su decisión de liberar al americano.

Por este caso también han sido enviados a prisión en la última semana dos fiscales: Isabelino Gómez, exfiscal de Distrito de Santa Cruz, y Janet Velarde, acusada de ser la presunta responsable directa de presionar al juez que había decidido excarcelar a Ostreicher para que cambiara su fallo.

La denegación de la libertad a Ostreicher por parte de la jueza Gentile tuvo lugar cuatro días antes de que cayera la red de extorsionadores y se supiera que éstos supuestamente interfirieron en el proceso legal que se sigue al ciudadano estadounidense.

El abogado de Ostreicher criticó que "los administradores de justicia no quieren tomar una definición con relación al caso de Ostreicher y se pasan lavándose las manos".

Jacob Ostreicher llegó a Bolivia hace 4 años para invertir, junto con varios socios, 26 millones de dólares en la producción de arroz en Santa Cruz.

Fue detenido en junio de 2011 acusado de presunto blanqueo de capitales, después de que dos empleados suyos fueran apresados por su presunta relación con el narcotráfico.

El empresario lleva casi un mes internado en una clínica de Santa Cruz a causa del deterioro que ha sufrido su salud durante los meses de encarcelamiento y sus abogados han asegurado que le ha sido diagnosticada la enfermedad de Parkinson.

En abril de este año comenzó una huelga de hambre con alimento líquido que prolongó durante siete meses, periodo en el que adelgazó casi 40 kilos.

Los abogados defensores del estadounidense también han anunciado que pedirán la devolución de los bienes incautados por la Dirección de Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), además del resarcimiento de los daños civiles.// Jornada

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